Algunas reflexiones en torno al fenómeno de la extorsión

30.08.2018 | | POR: OSHM

Algunas reflexiones en torno al fenómeno de la extorsión

El presente escrito se construyó como resultado de las discusiones y reflexiones enmarcadas en el ciclo de análisis de contexto[1] del semestre 2018 - 1, en el grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Como insumo para dichos encuentros de análisis, se retomaron los resultados de investigación del proyecto: Dinámicas de inseguridad económica con impacto en el orden social, político y territorial en comunidades de Medellín, realizado por el Observatorio de Seguridad Humana en convenio con la Secretaría de Seguridad, durante el segundo semestre de 2017.[2]

El texto, expone en un primer momento varios puntos en tensión sobre el fenómeno de la extorsión en Medellín, buscando trascender de los elementos jurídicos a una comprensión más holística del tema, lo cual lleva a plantear en un segundo momento, reflexiones y preguntas en torno a posibles estrategias para enfrentar o frenar esta problemática.

Finalmente, resta decir, que esta es una reflexión preliminar ya que la magnitud del fenómeno requiere mayor profundidad a partir de lecturas multisectoriales e interdisciplinares que nutran los análisis, su comprensión y por tanto la construcción de salidas mancomunadas a la superación de dicho fenómeno.

 

LA EXTORSIÓN Y ALGUNOS DE SUS PUNTOS EN TENSIÓN

Cobrarle a una persona, a un pequeño negocio o a una empresa por la supuesta prestación del “servicio de seguridad” es una de las modalidades más generalizadas hoy en día en el área metropolitana de Medellín y en buena parte de Colombia, desde el punto de vista jurídico penal es tipificado como delito de extorsión[3]. A partir de la ley 890 de 2004, todos los delitos, incluida la extorsión, recibieron un incremento en su penalización. La extorsión, socialmente denominada “vacuna”, existe desde hace mucho tiempo, habiéndose extendido de manera alarmante en las últimas décadas, frente a dicho fenómeno, la respuesta del Estado ha sido incrementar su penalización, con magros resultados, pues el remedio ha traído consecuencias peores que la enfermedad. 

Las políticas públicas han estado centradas en el “combate a la extorsión”, desconociendo que existen situaciones de orden socio-económico como el desempleo, las profundas desigualdades sociales y también razones de orden cultural que van desde la idea del dinero “fácil”, cierta proclividad a la ilegalidad y la sobreabundancia de líderes políticos y sociales corruptos, convertidos en “maestros negativos” para la sociedad. Estos factores, entre otros, han sido analizados  desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, que aluden a las causas estructurales de fenómenos como la extorsión y  que están en el origen de muchas de las nocivas prácticas sociales que alimentan los diversos hilos de ese complejo entramado social de las llamadas “vacunas” que continúan fortaleciéndose pues, más allá de ser un delito, en muchos casos constituye la forma de sobrevivencia de individuos y de familias en la mayoría de los barrios de la ciudad, y que se ha convertido en una de las reiteradas prácticas que se fortalece en el día a día, y en el que todos los ciudadanos de  diversos modos contribuimos a mantenerla; solo que los actores armados son la cara más visible, pero detrás de ellos, hay una sociedad que directa o indirectamente, por acción u omisión la validan y la legitiman, al normalizar una o varias de sus prácticas más sutiles como el pago a “cuidadores” de vehículos, de bienes, de viviendas o de propiedades, entre otros, en tanto proporcionan “seguridad” a su sector, incluso a sabiendas que son el eslabón débil de una gran engranaje criminal del cual sienten su  protección económica y social, aquella que el Estado no les ha bridado.

Comprender las diversas escalas del fenómeno que empieza desde el simple ofrecimiento de  “cuidar”  un vehículo en espacio público, pasando por el aporte “voluntario” que debe dar el dueño de un local comercial o de una vivienda, hasta el porcentaje que deben entregar los contratistas públicos o privados a una organización ilegal para poder construir en diversos territorios de la ciudad, así como los cobros por no revelar fotos íntimas de personas o guardar silencio frente a conductas impropias realizadas por la víctima, son solo algunas de las múltiples formas  de las que se ha valido la extorsión y, por medio de las cuales desde hace tiempo, se ha constituido en un lucrativo negocio ejercido no solo por organizaciones criminales sino, incluso, por pequeños grupos o individuos que han encontrado esto como una fuente de obtención de recursos y por tanto, se transforma en un medio de subsistencia y, dentro de sus limitaciones, garantía de una vida digna en la legalidad.

Otra de las diversas modalidades de extorsión tiene como protagonistas a agentes del Estado quien al involucrarse en las acciones ilícitas obtienen dividendos. Su participación se realiza de manera activa (como miembros o colaboradores de grupos criminales), o pasiva (haciéndose los de la “vista gorda”). No se trata solo de miembros de la fuerza pública, sino también a funcionarios de diversas dependencias del Estado, incluidos algunos pocos del sector justicia (CTI, fiscales y jueces).  Son frecuentes las noticias acerca de comerciantes informales, que deben pagar “vacuna” a agentes del Estado para que los dejen trabajar, lo mismo pasa con ciertos burdeles o prostitutas callejeras, casa de juego, o algunos bares nocturnos que pagan “vacuna” a las autoridades para que les permitan extender su horario más allá de los límites establecidos legalmente.

Reiteramos que, ante los múltiples vasos comunicantes existentes entre la ilegalidad (“vacunas”) y la legalidad, en cuanto los ilegales, también prestan ciertos servicios legales o distribuyen bienes de consumo de circulación legal; acciones que cuentan con gran aceptación de muchas familias que se sienten favorecidos con estos bienes y servicios.   Además, como decíamos, algunas autoridades encargados de perseguir a los delincuentes constituyen parte del problema y con su accionar contribuyen a fortalecerlo. De ahí que   el fenómeno de la extorsión, en nuestro contexto específico, ha instaurado una telaraña social compleja y difícil de analizar, al moverse sigilosamente en una oscilante y difusa frontera entre la legalidad y la ilegalidad.

Es por ello que un adecuado tratamiento de la extorsión pasa por comprender que más allá de la existencia de un delito estamos frente a  un fenómeno social que se ha venido incorporando a nuestra cultura ciudadana, pues en no pocos casos es frecuente el apoyo dado por las propias víctimas, quienes terminan legitimando esta práctica al considerar natural el hecho de tener que pagar una “cuota” para que le cuiden su bien o para que no lo agredan -lo que algunos analistas suelen llamar “la protección violenta”-,  solución que en la mayoría de las veces resulta ser el “mal menor” al que se ven abocados familias y comerciantes que optan por colaborar con los victimarios, por pura lógica de sobrevivencia.

Insistimos que, el examen de la variedad de personas y entidades concernidas en la extorsión nos devela que estamos frente a un complejo fenómeno que ha hecho metástasis en la sociedad y se ha instalado en la cultura de nuestra gente. De ahí que, amerita soluciones más allá del código penal y de la eficacia en la captura de los delincuentes y más allá de la deseable efectividad del aparato judicial.

 

¿EXISTEN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL FENÓMENO?

Partiendo pues de la complejidad del fenómeno anteriormente expresada, que no se reduce al tema delictivo, sino que dicha práctica fecunda los distintos espacios relacionales de la vida cotidiana de las personas en la mayoría de los barrios de Medellín, y evitamos la generalización porque la extorsión también responde a una estratificación social del fenómeno, en esa medida, sus prácticas, actores, valor monetario, al igual que las formas de cobro, varían de acuerdo a las dinámicas socioeconómicas de sus habitantes y de los territorios donde se ejerce, por tanto algunas prácticas, aún pueden estar ocultas o poco abordadas, esta idea, alude a una heterogeneidad del fenómeno, a una capacidad inimaginable de adaptabilidad, creatividad y mutabilidad de quienes lo desempeñan que no debe perderse de vista, en esa medida, la radiografía de la situación debe actualizarse continuamente.

de acuerdo a lo anterior, el pensar salidas o acciones de resistencia al fenómeno, resulta igual de complejo, pues, ante su magnitud y su entrecruzamiento escalar con las relaciones sociales, vecinales y familiares de quienes lo ejercen, al igual que con la reproducción de imaginarios y la idealización del actor armado como único referente de “superación” y escalafón en el estatus social de muchos de los barrios de la ciudad, que se sigue enquistado en aquellas generaciones en crecimiento que siguen normalizando y encontrando en ese espiral de violencias, que se alimenta de la desigualdad social, su mejor espejo para conseguir la vida deseada.

Así las cosas, el reto pareciera ser superior y de largo aliento su construcción, se instala entonces en la necesidad de edificar, claro está, nuevos referentes sociales para las futuras generaciones, pero sobre todo, en ofrecer algo distinto a quienes en la actualidad ejercen este tipo de prácticas violentas en la ciudad; es fácil decir que se debe acabar la extorsión, que la gente debe resistirse a pagar, cuando no es la propia vida la que queda en riesgo; antes de dar respuestas y opciones de salida, en su mayoría inoperantes, debemos preguntarnos por ¿Cuáles son las reales ofertas y opciones que la legalidad y la sociedad le ofrecen a quienes son su “problemática”, a quienes extorsionan? sin perder de vista el entorno familiar que depende de esa labor ilegal, ¿tenemos algo mejor para ellos, para que la extorsión no sea una opción? Cuando solo se aborda el fenómeno desde el enfoque restringido de la seguridad, desconociendo, o haciendo caso omiso mejor, de la situación carcelaria del país que cada vez tiende a empeorar, un sistema que colapsa, al igual que la garantía de los derechos de sus detenidos, que cuando se mercantiliza con la detenida libertad al interior y exterior de las cárceles del país, se entrelaza también las dinámicas familiares, sociales y territoriales de una ciudad.

Así pues, cualquier solución que se plantee se queda corta ante tantas aristas visibles y ocultas de este fenómeno, se requerirá entonces, como ya lo han mencionado y estudiado en diversas investigaciones, de estrategias integrales en lo educativo, cultural, económico,  recreativo y demás dimensiones: ampliar, cualificar, descentralizar y democratizar la oferta, y construir políticas públicas realistas que respondan al contexto y que estén dirigidas a lograr humanizar e incidir en decisiones políticas que tengan como centro de atención el dignificar la vida y crear entornos que permitan la realización de las personas.

 

[1] Es una actividad que permite hacer lectura de una situación concreta y sus respectivas particularidades. Sus condiciones están marcadas por su localización geográfica, una población y una ubicación en el tiempo. A partir de sus especificidades, podremos hacer interpretaciones que son las que finalmente nos llevan a comprender la situación, para luego tomar decisiones sobre cómo transformarla (OSHM, 2016; P.16).

[2] Ver cartilla. Disponible en: https://bit.ly/2wvxZYd

[3] El Código Penal colombiano, en el artículo 244 define la extorsión así: “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (p.337).

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