Pronunciamiento frente a la gestión de la seguridad en Medellín

19.10.2018 | | POR: OSHM

Pronunciamiento frente a la gestión de la seguridad en Medellín

Audiencia Pública Ciudadana de Rendición de cuentas al Plan de Desarrollo de Medellín en DDHH, realizada el 11 de octubre. El alcalde Federico Gutiérrez no asistió.

El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH), partiendo de la inquietud por la pertinencia de realizar recomendaciones a la Alcaldía de la ciudad en diferentes ámbitos, especialmente en el tema de seguridad, y teniendo en cuenta las ya formuladas en previas investigaciones, presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Seguridad y Convivencia en el cual se abordan cuatro preguntas:

  1. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Seguridad y Convivencia para implementar estas propuestas y recomendaciones?
  2. Si se han desestimado, ¿cuáles son los motivos para llegar a tal consideración?
  3. ¿Qué acciones puntuales ha desplegado la Administración Municipal para concretar los postulados de integralidad de la Política Pública de Seguridad y Convivencia (2015)?
  4. ¿Qué posibilidades de participación directa tienen las y los ciudadanos en la gestión de la seguridad y la convivencia?

En torno a la gestión de la seguridad en la ciudad y la respuesta que la Secretaría de Seguridad y Convivencia entregó recientemente, queremos pronunciarnos sobre tres cuestiones:

En primer lugar, el sentido de la integralidad en la gestión de la seguridad, como un asunto que se refiere a la Política Pública de Seguridad y Convivencia y a las lógicas bajo las cuales se diseñan estrategias para atacar la criminalidad organizada, cuestiones estas que aluden a cosas distintas, es, por lo menos, problemático. Se hace evidente que en el discurso de la Alcaldía, cuando se alude a la seguridad, aparece insistentemente el concepto de “integralidad”, sin embargo, en la práctica es difícil evidenciar un enfoque integral en el manejo de la seguridad, por lo cual habría que preguntarse: ¿qué entienden la Alcaldía y su Secretaría de Seguridad y Convivencia por integralidad?

La Política Pública de Seguridad y Convivencia no solo plantea un enfoque integral, sino también un enfoque de seguridad humana, lo cual, en ambos casos, quiere decir que la seguridad se debe mirar desde una perspectiva que va más allá de las medidas reactivas (que son necesarias) y debe tener en cuenta asuntos del orden estructural, ligados a problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales, etc., que tienen que ver con las realidades y los contextos donde surge la inseguridad. En los insumos para su construcción, y en la misma Política Pública, se hace evidente la necesidad de poner los ojos sobre este tipo de problemas a la hora de pensar en la seguridad, lo cual requiere una articulación constante entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y otras instancias de la Administración.

Si analizamos la forma como la Alcaldía de Medellín enfrenta diversos problemas de seguridad, por ejemplo el accionar de múltiples estructuras criminales, nos damos cuenta de que no existe una verdadera articulación con otras dependencias (más allá de alianzas interinstitucionales con la Policía, la Fiscalía, etc.) y que tampoco desde la misma Secretaría de Seguridad y Convivencia hay una preocupación por entender esta problemática como un asunto que está ligado a temas de fondo. La respuesta a la inseguridad desde la Administración es reactiva y la “prevención” se limita a evitar hechos puntuales dentro de la misma problemática, dejando de lado los temas estructurales y preocupándose especialmente por los delitos de alto impacto y por las cifras, que en muchas ocasiones ocultan los problemas más relevantes que enfrenta la ciudad.

En segundo lugar, si, por un lado, la gestión del campo de la seguridad, al menos entendido de una manera amplia —según lo planteado por instancias internacionales como el PNUD—, supone que las estrategias para mejorar la seguridad de las personas apunten a reducir los riesgos y amenazas en torno a la efectividad de sus derechos y su bienestar, y, por otro lado, que la política criminal se enfoque al ejercicio de poder político referido al fenómeno criminal, asumir o presentar ambos campos de la política como sinónimos, como parece entender la Secretaría de Seguridad y Convivencia en la respuesta que elabora, resulta desafortunado.

Aunque la idea de un direccionamiento de la política criminal a nivel municipal puede ser interesante, sobre todo si entendemos que las principales instancias de decisión están situadas a nivel del gobierno nacional, como ocurre con el Consejo Superior de Política Criminal, cabría preguntar:

a) ¿La cifra de personas capturadas que presenta la Secretaría de Seguridad y Convivencia sugiere mejorías en materia de seguridad?;

b) ¿Qué ha pasado con el esclarecimiento de las hipótesis delictivas?, es decir, ¿a dónde han llevado las investigaciones y cuál ha sido el resultado en términos de sentencias?

Aun asumiendo que la política de seguridad se agota en componentes de política criminal, no se entiende el actual estado de cosas: incremento en la comisión de delitos como el homicidio y el desplazamiento forzado y poca claridad sobre el fenómeno de subregistro frente a otros como la extorsión. Algo está fallando en las estrategias adoptadas para combatir el crimen organizado en Medellín. En este punto, cabría cuestionar si, además de estrategias como la “captura de objetivos de alto valor”, se están adelantando acciones articuladas con otros sectores de la política, como educación o inclusión social, para enfrentar de fondo estos fenómenos.

En tercer lugar, en cuanto a la participación ciudadana, entendida como el espacio de expresión de la ciudadanía, nos sorprende cómo esta se agota en la creación de consejos y comités sectoriales, como el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres o los Comités Locales de Gobierno, con la intención de introducir a la ciudadanía en espacios de toma de decisiones. Sin embargo, no es clara la composición de estos organismos ni la posibilidad real de incidencia de la ciudadanía en la gestión efectiva de la seguridad en sus territorios.

Así, la representación de la ciudadanía ha quedado relegada a su expresión mínima, pues ni siquiera hacen parte de los escenarios para la implementación, articulación, seguimiento y evaluación del PISC, como son el Comité local de Gobierno, la Mesa de Seguimiento y Evaluación y el Comité Territorial de Orden Público. Esta situación se expresó de manera elocuente en la Audiencia Pública Ciudadana realizada el pasado 11 de octubre en el Museo de Antioquia, donde se esperaba la asistencia del alcalde Federico Gutiérrez, quien no hizo presencia ni respondió a la invitación.

 

Observatorio de Seguridad Humana de Medellín

Octubre, 2018

 

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