A la opinión pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA

El Grupo de Investigación Conflictos, violencias y seguridad humana y su Observatorio de Seguridad Humana suscribimos el comunicado emitido por el Claustro de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (se adjunta el texto). Adicionalmente, hacemos un llamado para que:

1. Se reconozca y garantice el ejercicio del derecho a la protesta, que es una consecuencia lógica en el marco de una democracia y un Estado de Derecho. De ahí que reducir las legítimas voces de protesta a meras actuaciones vandálicas simplifica en exceso la complejidad y dignidad de las demandas ciudadanas;

2. Se adopten medidas desde las autoridades civiles para contener la violencia desatada, principalmente, desde la fuerza pública.

3. Los movimientos sociales definan estrategias que permitan agilizar una eventual interlocución, si es que el llamado del Gobierno Nacional llega a concretar canales de conversación. Si bien se trata de una movilización en la que convergen diversas expresiones y por medio de la cual se canaliza toda una pluralidad de demandas, sería recomendable superar esa dispersión, definiendo liderazgos que en efecto les representen.

Comunicado 

El Claustro de  profesores y profesoras y el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, sentimos una gran preocupación por los acontecimientos que han sucedido en el país desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas públicas, principalmente por el proyecto de reforma tributaria que había puesto a consideración del Congreso el Gobierno Nacional, pero también por el cabal cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la renta vital básica, la posible reforma al sistema de salud, entre otros. Por lo anterior, queremos hacer públicas algunas consideraciones.

1. Tal como se consagra en la Constitución, la protesta es un derecho inalienable de todo el pueblo, que el Estado no puede desconocer y, al contrario, tiene el deber de garantizar.  En este ejercicio debe primar la vida como valor supremo.

2. En estos días de protestas populares se han denunciado y documentado una serie de atropellos que, dolorosamente, se han concretado en más de una veintena de muertos, hasta el día de hoy; así como detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas, diversas violencias contra las mujeres, uso indiscriminado de armas letales y no letales, capturas indiscriminadas, irregularidades en la persecución penal de las personas capturadas, malos tratos durante la retención, imputaciones infundadas y desproporcionadas, imposición de medidas de aseguramiento injustificadas (fundamentadas en informes de policía que no se corresponden con los hechos)  y amedrentamiento y estigmatización a los abogados defensores.

3. Han sido también muy graves los abusos que se han cometido contra menores de edad (entre los 14 y los 18 años) como esposarlos, desconocer la presunción de la minoría de edad y por consiguiente tratarlos como mayores de edad, divulgar públicamente sus imágenes, mantenerlos indebidamente retenidos hasta por treinta y seis horas, cuando legalmente es improcedente cualquier limitación a su libertad; todas estas prácticas son contrarias a lo establecido en la normatividad internacional y en el Código de la infancia y la adolescencia. Igualmente la violencia desproporcionada en contra de las mujeres y la violación fragrante a sus derechos humanos entre ellos, el derecho a una vida libre de violencias, tal como lo establecen normas internacionales como la Convención de la CEDAW, Belén Do Pará, CADH y la Ley 1257 de 2008.

4. Las anteriores prácticas demuestran un uso sistemático y sin control de la violencia por parte de las autoridades, que contradicen los mandatos constitucionales e internacionales de hacer uso de la violencia estatal solo como último recurso para evitar mayor violencia y siempre ceñido a parámetros de idoneidad, proporcionalidad y necesidad.

5. Nos preocupa profundamente que se revivan doctrinas sobre la seguridad, conforme a las cuales quien protesta es un enemigo, al que hay que derrotar por cualquier medio y no un opositor, al que se le debe respeto y el cual debe ser oído como un fundamento imprescindible de un Estado que se proclama democrático, social y de derecho.

6. Estas protestas ocurren en un momento en el que el país atraviesa  una grave crisis social y económica, en parte propiciada por los efectos de la pandemia, pero seguramente incrementada por factores estructurales como la gran inequidad social, que ha aumentado por las limitaciones para el ejercicio de muchas actividades económicas de gran parte de la población y que es exacerbada por una propuesta de reforma tributaria tan ampliamente rechazada, que el mismo gobierno retiró del Congreso de la República.

Por lo tanto, reducir las protestas a actos que solo quieren producir desorden, y calificar a los participantes como vándalos, terroristas, aliados de grupos al margen de la ley, es miope y significa cerrarle las puertas a la necesaria discusión que hay que emprender para buscarle una solución. En las calles se están manifestando trabajadores, indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, organizaciones sociales, barristas, población LGTBIQ+ y una inmensa cantidad de estudiantes, profesores y jóvenes, que se sienten en un país que les cercena la posibilidad de tener un futuro mejor. Todos son grupos sociales que merecen el mayor respeto y atención a sus peticiones.

7. Consideramos de suma gravedad los obstáculos que se han impuesto al ejercicio de las funciones de los defensores de derechos humanos, la prensa, a instituciones como las personerías municipales en algunos lugares y hasta a la misión de la ONU en la ciudad de Cali. Impedir el cabal desempeño de las funciones de estos organismos y estas instituciones, dibujan un modelo político que repele el control que debe tener el ejercicio del poder en una democracia y en un Estado de Derecho.

8. Resulta desconsoladora la ausencia casi absoluta que se ha percibido de parte de organismos que deberían estar vigilando el respeto de los derechos de las personas en todo el país y controlando el ejercicio de la autoridad pública, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

9. También es sumamente preocupante que en muchos municipios del país se pretenda desplazar a las autoridades civiles, por las autoridades militares, bajo un dudoso entendimiento de la “asistencia militar”.

10. Nos oponemos a que el Gobierno haga uso de la medida excepcional de la conmoción interior, y en su lugar pedimos que se propicie un diálogo serio e incluyente que permita una solución civilizada a la grave situación que vive el país y compartimos el llamado urgente del Comité Rectoral “a la reflexión, al análisis y a la concertación, y pedimos a las autoridades y a los movimientos y colectivos sociales y políticos, la priorización del reconocimiento y la defensa de los derechos humanos, y la apertura, también urgente, de los escenarios y espacios necesarios para que las vidas de tantas personas no sigan estando amenazadas y libradas por el azar que se deriva de las violencias cruzadas e incontrolables”. 

Queremos finalizar recordando que los conflictos son inherentes a cualquier sociedad y que el Estado de Derecho es una fórmula que se ha ideado en la cultura política democrática de occidente, como la manera de reducir al máximo la apelación a la violencia para tramitar esos necesarios conflictos y para eso es importante que, en momentos de crisis tan agudos como los que estamos viviendo, se reactiven los mecanismos del Estado de Derecho.

En tal sentido, es imperativo el control a la actividad de las autoridades, que, además, deben estar atentas a satisfacer en la medida de lo posible las demandas de los gobernados para avanzar en un mayor bienestar y en la efectividad de sus derechos.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los organismos de control, para que cumplan cabalmente sus obligaciones: que velen por el adecuado ejercicio de las funciones de defensores de derechos humanos, que no se obstaculice ni se estigmatice el trabajo de los abogados, ni de periodistas y por lo tanto, que se permita informar objetivamente lo que está sucediendo. Exigimos, finalmente, que jueces y fiscales cumplan sus deberes constitucionales y legales, respetando y haciendo respetar los derechos fundamentales de los procesados.

Miércoles 5 de mayo de 2021

Fuente: UdeA