El Claustro de  profesores y profesoras y el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, sentimos una gran preocupación por los acontecimientos que han sucedido en el país desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas públicas, principalmente por el proyecto de reforma tributaria que había puesto a consideración del Congreso el Gobierno Nacional, pero también por el cabal cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la renta vital básica, la posible reforma al sistema de salud, entre otros. Por lo anterior, queremos hacer públicas algunas consideraciones.

"Ante la música, el baile, y en general, el carnaval popular que suponen las recientes movilizaciones ciudadanas pacíficas y alegres, la policía y el ESMAD se sienten intimidados por el arte y responden con bolillo, gas y plomo"

 ¿Acaso el Gobierno Nacional esperaba que la gente se quedara impasible frente a una reforma que podría profundizar el empobrecimiento al que nos condujo la pandemia y agudizar aún más las desigualdades?.

Castigar con más severidad se traduce en enfocar el esfuerzo penal en los mismos sospechosos de siempre: los marginales, lo que han sido etiquetados como peligrosos. El caso de los delitos sexuales seguramente plantea otras connotaciones que ameritan ser revisar en profundidad, empero, abrir la compuerta del aumento punitivo para un tipo de delito implica abrirla para todos los delitos.

Un niño emberá de solo 13 años es la víctima civil más reciente de una mina antipersonal (MAP) en Murindó, Antioquia, la explosión le amputó una pierna e hirió a otras dos personas que le acompañaban el domingo 28 de febrero (El Tiempo, 2021). A este lamentable suceso, se suma el de dos soldados que activaron una MAP en zona rural de Cúcuta, uno de ellos perdió una pierna y el otro resultó herido por las esquirlas. La siembra de ambos artefactos se atribuye al ELN y en lo que va de 2021 hay cerca de 30 víctimas de MAP.