30.05.2020 | | POR: Julián Andrés Muñoz Tejada
Desde hace varias décadas, los estudios críticos de seguridad nos enseñaron que los problemas de seguridad no son datos de la naturaleza y que una situación del tipo que sea, para ser entendida como un problema de seguridad, previamente debe ser definida por una instancia con capacidad para ello -aunque sentimos miedo y percibimos amenazas de distinto tipo, no todos podemos decir, esto o aquello es un problema de seguridad- y contar con una audiencia que reconozca como válida esa definición, pues de nada servirá definir algo como uno de tales problemas si no hay un público para el cual signifique algo.
Pero el asunto no se queda en procesos de definición y audiencias habilitadoras. La relación entre amenazas y medidas adoptadas para enfrentarlas es una de las cuestiones más problemáticas y lo es por dos motivos: en primer lugar, porque la definición de una situación como problema de seguridad suele implicar el recurso a medidas excepcionales, y, en segundo lugar, porque la persistencia de la amenaza en arcos prolongados de tiempo, fácilmente conduce a que se exija y avale el uso de medidas que pueden ser violentas o que suponen el despliegue de mecanismos de control cada vez más invasivos.
Menciono todo esto porque desde hace algunas semanas, la pandemia que inicialmente era vista como un problema sanitario con graves impactos en la economía y en los espacios de socialización, al parecer se empieza a perfilar como un problema de seguridad. Veamos algunos ejemplos en el escenario internacional:
Aquí es importante diferenciar la amenaza que representa el COVID-19 para distintas esferas o dimensiones de la vida de las personas y las instituciones, de las medidas que, al amparo de estados de excepción, se adoptan para contener su propagación. Lo primero como ya diversos análisis han ilustrado, expresa nuestra fragilidad, la inexorabilidad de riesgos que sencillamente no tenemos como cancelar y un estado de incertidumbre que se instaló y fracturó las pocas certezas que teníamos.
Lo segundo, en cambio, muestra la manera como las instituciones responden a esa amenaza, o cómo valiéndose de ella, se adoptan estrategias tendientes a la consecución de fines que la trascienden, como ocurrió con las medidas anunciadas por Trump, quien usó al coronavirus para reafirmar su cruzada antimigratoria. Algo similar ocurrió con las drogas, un tema que inicialmente se abordó dentro del campo de la salud pública y luego se redefinió como problema de seguridad que posibilitó todo el desastre que ha significado la guerra contra las drogas.
En Colombia parece que hasta ahora no se ha entendido, al menos no con base en discursos oficiales, que el coronavirus suponga un problema o amenaza a la seguridad. Sin embargo, son inquietantes las medidas adoptadas en el marco de la crisis, no tanto porque el estado de excepción se extienda indefinidamente (la Constitución Política -artículos 212-215- y la ley 137 de 1994 le establecen límites temporales), sino porque a la hora de consolidar un orden de excepción, como se puede notar con la legislación penal expedida bajo el influjo de doctrinas de seguridad -como la Nacional o Democrática-, suele allanarse el camino para que esas medidas expedidas en principio, para hacerle frente a amenazas puntuales -como el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo-, muten su carácter y se vuelvan ordinarias, o que terminen interviniendo esferas distintas a las que inicialmente se adscribió la amenaza.
Por ello, reconociendo la amenaza del coronavirus y sus efectos, entre otros, en campos como la salud y la economía, y que, tal como ha mostrado con suficiente crudeza su expansión por el mundo, se trata de algo más que una “gripecita” -según la expresión de algunos políticos indolentes y/o despistados en distintas latitudes-, inquietan, así mismo, las medidas adoptadas para enfrentarla y la manera como una la agenda “covidizada” puede distraernos de otros asuntos, como la muerte de líderes sociales que creció en un 53% entre enero y abril de este año o la poca visibilidad de investigaciones como la “ñeñe política” y otras que se adelantan en contra de uno que otro ex presidente.
Fuente: UdeA
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