Colombia atraviesa una crisis económica y social que se ha venido acrecentando en los últimos años debido a un gobierno sin liderazgo que ha profundizado los factores de desigualdad y descontento, lo que se hizo evidente en las grandes protestas del 2019,

A pesar de esto, el gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque e impulsado por el expresidente y exsenador de derecha Álvaro Uribe, ha malgastado un gran capital en bienes y servicios a todas luces innecesarios. Gastos en medio de la pandemia, como el de 9.500 millones en municiones para el ESMAD (Escuadrón antidisturbios), 12.000 millones en tanquetas antidisturbios, 9.600 en 23 camionetas blindadas para presidencia, o los 14 billones (US$ 3.750´623.800) destinados a la compra de 24 aviones de guerra F16, a los que se suman los cerca de 15.000 millones de pesos invertidos en mejorar la imagen del gobierno Duque, incluidos 6.832.000 en la continuación del programa diario de TV en el cual el presidente de Colombia es el presentador.

Como consecuencia, hace unas semanas el gobierno informó que Colombia estaba falta de recursos y que estos se debían buscar por medio del endeudamiento. Para ello, el gobierno presentó una polémica reforma tributaria que buscaba ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana bajara más puntos en las calificaciones de riesgos internacionales y crear un fondo para la conservación ambiental. La gran crítica es que se pretendía que la financiación a este déficit se diera a partir del cobro de impuestos a la clase media, que representa un 33% de la población, mientras que los grandes capitales gozarían de altas exenciones.

Estos motivos, se juntaron con una actitud soberbia del presidente y del gobierno que ha hecho oídos sordos a los llamados de la ciudadanía con la que se han mostrado despectivos. Así el pueblo colombiano, impulsado por el Comité de Paro, un ejercicio de asociación de diversas organizaciones sociales y obreras, y la juventud colombiana que sufre de frente los efectos del desempleo y de las políticas excluyentes, desataron un estallido social que se venía cociendo desde el 2019.  A pesar del aumento del riesgo potencial al contagio, de la pretensión de una Jueza para que los alcaldes se opusieran a la protesta social y la complicidad de los medios de información, esta vez la ciudadanía explotó con mayor fuerza, personas de diferentes ideologías, estratos sociales y regiones, se han manifestado fuertemente contra la política económica que quiere instaurar el gobierno, al punto que ya van 7 días de protestas multitudinarias, algunas pacíficas y otras con disturbios. Así, la protesta se ha visto teñida de sangre de la ciudadanía colombiana ante la oleada violenta de las fuerzas armadas impulsada por el exsenador Uribe por medio de su Twitter, al punto que esa red social debió bloquearlo, y legitimadas por una orden presidencial que, ante la situación de orden público sacó al Ejército a las calles como parte de las medidas de contención, bajo el argumento de que la Policía, una fuerza de naturaleza civil, no es suficiente para salvaguardar la seguridad.

En horas del mediodía del 2 de mayo, la ciudadanía alcanzó el logro inicial de la protesta: hacer que el gobierno retirara la reforma tributaria. Sin embargo, el impulso de la manifestación va más allá, aún con la militarización de las ciudades el Paro no para. Se dirige hacia Bogotá la minga indígena del Cauca y algunos gremios, como los transportadores, que han decidido sumarse a la movilización. El Paro continúa, aunque con otras causas: la revisión a la nueva reforma que se presente, la reforma a la salud y la reforma pensional que se están fraguando, la necesidad que se fortalezcan las pequeñas y medianas empresas, la implementación de una renta básica universal, la suspensión de las fumigaciones con glifosato, la garantía de la vida de líderes y lideresas, mayor responsabilidad tributaria a las grandes fortunas, una vacunación covid más efectiva y que los crímenes cometidos por la fuerza pública no queden impunes.

Las cifras de violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública son alarmantes, la juventud colombiana ha puesto literalmente el cuerpo, los medios de información alternativos son perseguidos y censurados y los oficiales protegen los intereses gobiernistas. Del 28 de abril al 3 de mayo, van 1181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física, 26 víctimas de homicidio, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 9 mujeres víctimas de violencia sexual y 56 denuncias por desaparición. Cifras dolorosas que van en aumento.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Arte y política:

• Hacemos pública la compleja situación que está viviendo Colombia
• Rechazamos los actos de brutalidad policiaca
• Solicitamos a la comunidad internacional, que rodee y acompañe a la ciudadanía colombiana en la lucha por sus derechos
• Exigimos frenar la militarización de la protesta social
• Reclamamos el restablecimiento de las garantías y libertades para la movilización ciudadana.

4 de abril de 2021
Grupos de Trabajo CLACSO
Arte y política

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Arte y política y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva