¡Por favor, por favor, nos están matando!
El Claustro de Profesores y Profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia quiere iniciar esta comunicación evocando las súplicas del abogado Javier Ordoñez cuando era brutalmente reducido por miembros de la Policía de Bogotá, el pasado 8 de septiembre, y que se repetirían en las noches siguientes cuando la Policía Nacional hizo un despliegue de fuerza desproporcionado e indiscriminado en contra de la población civil que dejó como resultado 14 personas muertas, en su mayoría jóvenes, y decenas de heridos. Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y condenamos de manera firme los actos de brutalidad policial, así como de cualquier otro acto de violencia que se haya generado. El Claustro coincide con el llamado de sectores democráticos de la sociedad que exigen el esclarecimiento de los hechos ocurridos y la adopción de acciones orientadas a que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
No obstante, queremos llamar la atención sobre una situación de mayor alcance: la erosión de la democracia y del Estado Social de Derecho, así como del incremento de múltiples expresiones de violencia en Colombia.
Desde el año pasado, tras las movilizaciones sociales y el profundo malestar que ellas expresaron sobre las políticas del Gobierno actual y otras situaciones de tipo mucho más estructural, se intensificó la represión contra la protesta pacífica y la estigmatización a líderes sociales. Durante este año, el Gobierno Nacional ha aprovechado la situación de pandemia, el debilitamiento del control político del Congreso y la restricción de la movilización, para tomar medidas regresivas en materia social y en beneficio de grandes intereses corporativos. A ello se agrega la impotencia y el dolor que genera la creciente ola de asesinatos y masacres en todo el país. Nos genera mucha preocupación que el Gobierno y los partidos políticos que lo respaldan, no solo muestren una enorme indolencia frente al dolor de los sectores vulnerables, sino que hayan hecho todos los esfuerzos por cooptar las instituciones y reducir el sistema de pesos y contrapesos previstos en la Constitución.
Consideramos que las manifestaciones de protesta que se dieron en Bogotá y en muchas regiones del país reflejan los malestares sociales frente a un Gobierno que ha sido indolente y que ha usado a la fuerza pública como mecanismo de control y represión de la protesta legítima. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana sobre la necesidad de retomar los principios del Estado Social de Derecho plasmados en la Constitución de 1991 y reafirmar los principios democráticos previstos en ella. Así mismo, queremos insistir en la necesidad de implementar efectivamente los contenidos derivados del Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016, que entendemos posibilita un horizonte en el cual es posible articular esfuerzos para la construcción de un futuro común de convivencia pacífica.
Creemos firmemente que las diferencias políticas y el ejercicio de los derechos deben expresarse sin recurrir a la violencia. En este punto debemos ser claros en comunicar a las personas que hacen uso de la violencia dentro del marco de la manifestación, que las aspiraciones de transformación a través de medios violentos no han significado necesariamente un cambio en la dirección de sociedades más democráticas y plurales. En ocasiones, han servido de excusa para la restricción de libertades y garantías.
De manera enfática hacemos un llamado a todas las instituciones públicas, y muy especialmente a la Policía Nacional. No podemos olvidar la función fundamental de las instituciones en el contexto de un Estado Social de Derecho: son garantes de la vida de sus ciudadanos, de ahí que su propia existencia pierda legitimidad cuando son ellas mismas, como ocurrió en Bogotá los pasados 9 y 10 de septiembre, las que asesinan a sus ciudadanos.
Como Claustro de Profesores y Profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también queremos expresar nuestra voz de solidaridad con las víctimas y nuestro apoyo a las organizaciones y activistas de derechos humanos. Vemos con preocupación los actos de violencia contra quienes protestan pacíficamente, así como las hostilidades hacia los defensores de derechos humanos, que se han presentado en diferentes ciudades del País durante los últimos días.
De igual forma, como Claustro respaldamos y exaltamos la decisión de los profesores del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, de brindar asistencia jurídica a quienes sean perseguidos por ejercer su legítimo derecho a la protesta social.
Por ello, viéndonos en medio del fuego de un nuevo holocausto queremos recordar y reiterar el lacónico mensaje del maestro y magistrado Alfonso Reyes Echandía en el medio de la Toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, cuando rogaba: -Que cese el fuego inmediatamente.
Medellín, septiembre 15 de 2020
