Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de
las FARC-EP, en noviembre del 2016, se ha evidenciado públicamente la persecución
masiva y sostenida en contra de las personas que ejercen liderazgos sociales, políticos
y de defensa de los Derechos Humanos. En los últimos 2 años y medio esa
persecución ha sido tan intensa, que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre
su dimensión.
Hoy vemos que esa realidad dolorosa y violenta incursiona en nuestro entorno. Como
Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia, rechazamos la amenaza de la que han sido blanco varios
estudiantes y organizaciones estudiantiles de nuestra Alma Mater y que lideraron las
movilizaciones universitarias en defensa de la educación pública durante el año 2018.
Creemos que, con ese tipo de acciones, sus perpetradores no solo quieren usar el
miedo para inmovilizar a las personas directamente amenazadas, también se dirigen en
contra de toda la comunidad universitaria. Esto es una afrenta a nuestro quehacer
diario como una academia preocupada por la comprensión y transformación de nuestra
sociedad.
Por otro lado, rechazamos la reacción de la Gobernación de Antioquia ante esta
situación. Es incomprensible que el estamento de quien preside el Consejo Superior
Universitario, en medio de una situación tan delicada, donde se ve afectada la
comunidad universitaria en su conjunto, en lugar de condenar de manera categórica las
amenazas, haya aludido indistintamente a supuestos shows de streptease, prostitución,
ventas informales y comercialización de drogas en las instalaciones de la Universidad.
Proponemos que se tomen medidas de cuidado y acogimiento de las personas
directamente amenazadas; que desde la administración de la Universidad se definan
protocolos adecuados y caminos institucionales de tratamiento de esas agresiones, sin
los visos securitarios y policivos que comúnmente ofrecen las instituciones en estos
casos. Esto implica buscar medios que efectivamente garanticen la actividad política y
académica de los liderazgos de los distintos estamentos de la Universidad.
Así mismo, rechazamos la normalidad con la cual distintos sectores de la universidad y
de la sociedad asumen este tipo de hechos, al punto de que algunos los celebran o
que incluso se responsabilice a las personas agredidas por lo que les sucede. No
puede seguir ocurriendo que las amenazas, asesinatos y atentados sean las formas de
tramitar las diferencias y los desacuerdos. No es normal, no está bien, no estamos de
acuerdo.
Instamos a la comunidad universitaria, a las instituciones estatales y a la sociedad a no
desistir en la búsqueda de la paz para el país. A diferencia del interés de quienes
emiten las amenazas, no podemos ceder al escepticismo y a los nuevos llamados que
se hacen para mostrar la violencia como el único camino. Tenemos el convencimiento
de que la construcción de la paz es el sendero por el que Colombia debe transitar.
Finalmente, en virtud del pensamiento crítico y el compromiso social que nos
caracteriza como profesores reiteramos: la agresión la sufrió la comunidad
universitaria, no podemos tolerar amenazas, mucho menos cuando éstas sean
motivadas por el ejercicio de derechos.
A la Universidad sí vinimos a cambiar al país… al mundo.
Medellín, 23 de mayo de 2019
