Comunicado del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

Sea lo primero expresar nuestra tristeza y conmoción tras la muerte del estudiante Julián AndrésOrrego Álvarez, un hecho que nos enluta como universitarios. Frente a esta tragedia, compartimos los pronunciamientos que otras instancias de la Universidad de Antioquia han hecho sobre este lamentable episodio.

Hoy, por otra parte, urgimos al gobierno nacional para que se comprometa con la efectiva implementación de los Acuerdos de Paz, la protección de los líderes sociales y la apertura a undiálogo sincero con los ciudadanos que se están movilizando, condiciones imprescindibles para fortalecer las manifestaciones pacíficas de la protesta y para desestimular, en el caso concreto de nuestras universidades públicas, las distintas manifestaciones violentas que acaecen en ellas.

Las recientes movilizaciones y el paro que persiste en el país, configurados a partir de la inédita manifestación que inició el pasado 21 de noviembre -conocida como 21N- nos proponen un complejo escenario que cabría pensar en dos niveles. El primero de ellos corresponde a un malestar con el Gobierno Nacional por el incumplimiento de acuerdos alcanzados con diferentes sectores sociales y con la regresividad de políticas sociales, económicas, educativas y pensionales, que también se ha expresado en otros países de la región, e incluso en otros continentes. En esos países las protestas inician por el incremento en el precio del transporte público, la eliminación de un subsidio o una reforma pensional, en el fondo todas ellas parecen responder a situaciones cuya hondura apenas empezamos a vislumbrar. 

Aunque las movilizaciones en Colombia expresan ese descontento también hacen explícitos otros malestares, propios de nuestra historia de conflicto armado, frente a situaciones como: la lenta implementación de los Acuerdos de Paz suscritos con la ex guerrilla de las FARC, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, entre otras problemáticas que el Comité del Paro ha propuesto al Gobierno Nacional. Creemos que estas expresiones ciudadanas son un efecto del Acuerdo de Paz, que por fin permitió a la gente expresarse sin temor a ser vinculada con la insurgencia armada, y consideramos que este tipo de manifestaciones no pueden ser leídas como problemas de seguridad, sino como legítimas formas de participación política en una sociedaddemocrática.

Ante este nuevo escenario que se abre tras los acuerdos de paz en Colombia, caracterizado por formas inéditas de participación en el espacio público y de ser en común, anteriormente clausuradas por el predominio de un relato oficial de lucha contrainsurgente y de estigmatización de cualquier forma de protesta social, no queremos dejar de manifestar nuestro más profundo compromiso, así como nuestro anhelo de que su extensión sea una realidad para todos aquellos actores que habitan en realidades donde la guerra y la estigmatización oficial sigue siendo una realidad cotidiana.

Una de las consecuencias más perversas de la guerra ha sido el aislamiento que genera la estigmatización, el temor al otro y la amenaza permanente de la vida. Como universitarios vivimos esas realidades y sabemos de los dolores y soledades que propician, y por ello manifestamos nuestra alegría por las jornadas de protesta que iniciaron el 21 de noviembre de este año, en las cuales se han movilizado miles de personas en todo el país, especialmente jóvenes, y que parece que no terminarán prontamente.

Como universitarios advertimos nuevos sentidos democráticos y nuevas posibilidades de actuar en común que deben ser defendidas de la avanzada reaccionaria que quiere clausurar la promesa de futuro que se ha abierto en Colombia, por medio del uso de viejas estrategias de violencia y miedo. Y no hay otra mejor manera de hacerlo, estamos convencidos de ello, que comprometerse con la defensa del espacio público como lugar de realización de un futuro mejor para todos loscolombianos.

El segundo nivel en el que podríamos situar la discusión tiene que ver con el uso de la fuerza en contra de quienes se han movilizado. Es incomprensible que los reclamos y molestias de la población ante las inequidades e injusticias sean respondidos con la fórmula simplista de la violencia institucional a través del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional -ESMAD-.

Cabe recordar que este cuerpo policial tiene un amplio repertorio de agresión y violación a los DDHH, que según cifras del CINEP oscila en 43 asesinatos y un desconocido número de agresiones físicas en contra de las personas. El homicidio de Dilan Cruz, como lo calificó el informe de necropsia de Medicina Legal, además de desproporcionado, ilustra con elocuencia la actitud del Gobierno Nacional que parece no escuchar las diversas demandas que se le formulan.

En este orden de ideas, el debate sobre el desmonte de este cuerpo de policía nunca ha sido más urgente. El ESMAD se ha convertido en un instrumento de violencia por medio del cual el gobierno quiere volver a clausurar el espacio público que se ha abierto como consecuencia del proceso de paz en Colombia.

Sin embargo, el desmonte del ESMAD solo es posible si discutimos las doctrinas de seguridad y del enemigo interno que están en la base de su funcionamiento. Solo cuando los poderes públicos entiendan que en Colombia no hay enemigos sino ciudadanos que habitan el espacio público parareivindicar sus derechos y ejercitar la democracia, podremos construir un país en Paz que tenga la vida y la justicia social como finalidades innegociables de su existencia.

Medellín, 11 de diciembre de 2019