A propósito de las amenazas y efectivos ataques a miembros de nuestra comunidad universitaria, el Claustro de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia se reunió el pasado 3 de marzo. Aunque en redes sociales, el grupo que presuntamente realizó las amenazas cuestionó la veracidad del panfleto, entendimos que dicho anuncio no le restaba gravedad a las mismas y que el mero hecho de señalar con nombres propios a algunos de nuestros estudiantes, profesores e instituciones ya constituía en sí mismo un ataque a la Universidad y a todos los universitarios. El atentado a la profesora Sara Fernández, en la madrugada del 4 de marzo, nos convenció de que, en un país como este, cualquier amenaza debe ser tomada en serio. Entendiendo la gravedad de la situación de las personas amenazadas, la agresión efectiva a la profesora Fernández y en general el contexto de estigmatización por el que atraviesa hoy la universidad pública, este Claustro tiene las siguientes consideraciones:
En primer lugar, expresamos de manera contundente nuestro rechazo a las amenazas y agresiones a los miembros de la comunidad universitaria. Acciones como esas, tienen la capacidad de generar miedo y quietud; pretenden desestabilizar las actividades misionales y el compromiso crítico de la Universidad. Manifestamos nuestra solidaridad con los estudiantes, colegas y amigos que han sido amenazados y agredidos.
En segundo lugar, no podemos desvincular estas amenazas de un momento crítico para la Universidad de Antioquia. Desde el protocolo-comunicado emitido por el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle en el que daba una orden de policía y autorizaba la intervención del ESMAD en el campus universitario, y su puesta en marcha el pasado 20 de febrero, los conflictos y la estigmatización de los miembros de nuestra comunidad se han intensificado, justo en un momento en el que se estaban llegando a acuerdos sobre el retorno a clases, después de meses de cese de actividades. Tal como lo manifestamos en la carta abierta que dirigimos al alcalde el pasado viernes 28 de febrero, la política de represión por parte de la policía no posibilita el trámite pacífico de nuestros desacuerdos, por el contrario, contribuye a un escalamiento de los conflictos, con consecuencias inciertas.
Es imperativo que en momentos como este hagamos memoria, que evoquemos aciagos episodios que nos enlutaron en otros momentos. Las amenazas se han repetido durante años, e inequívocamente han generado estigmatización e intolerancia hacia las voces que se han levantado para denunciar las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. Estas amenazas expresan la inercia de un conflicto armado que permanece en el tiempo, impidiéndonos avizorar un horizonte de paz en el que la ciencia, el arte y la reflexión crítica de nuestro presente tengan un lugar en nuestra sociedad. Frente a esto no nos queda sino insistir, persistir y resistir en la defensa de la Universidad Pública, que debe estar abierta y respondiendo a sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión.
Por ello, el Claustro no puede pasar por alto este complejo momento para insistir en que la Universidad Pública tiene un papel protagónico en la generación de formas de relacionamiento social que involucren otras expresiones de autoridad, no precisamente jerarquizada sino fruto del diálogo, la concertación, la participación, y que vivifiquen el pluralismo que adoptamos constitucionalmente, que fortalezcan la idea de que la reivindicación de los derechos fundamentales no se contrapone a la convivencia pacífica y en que en consecuencia el uso del derecho a la protesta además de legítimo, facilita la construcción de una sociedad más democrática, pues es naturalmente un mecanismo de reivindicación de derechos.
En tercer lugar, queremos reiterar que la protesta social es un derecho constitucional fundamental (Art. 37 Const. Pol) que está íntimamente relacionado con otros, como la libertad de expresión. Estos y otros derechos representan garantías políticas, que están contenidos, por instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En todos ellos se reitera algo que a una sociedad como la nuestra, que transita por un sinuoso de camino de superación de la guerra, aún le cuesta reconocer: que la protesta es una forma legítima de expresar la inconformidad política.
En conclusión, negar el derecho a la protesta a través de amenazas constituye la negación misma del derecho, la cancelación misma de la política. Por ello, es nuestro deber como estudiosos del derecho y la política insistir en el valor del disenso pacífico, en la reivindicación de una sociedad que al fin entienda que el ejercicio de liderazgo político y social y las labores de promoción y protección de los derechos humanos son solo otra forma ejercer la ciudadanía, de estar en una sociedad democrática.
Medellín, marzo 5 de 2020
