El impacto de los delitos de “alto impacto”

“Y ese tipo se bajó de la moto y encañonó a los que iban en el carro de adelante” (Mujer en la entrada de un edificio).

“Ya uno no puede salir tranquilo. Imagínate que ayer atracaron a mi hijo al bajarse del bus” (Hombre en un minimercado).

A los anteriores relatos podríamos agregar los innumerables titulares que habitualmente nos muestra la prensa escrita, la radio, la televisión y la mayoría de portales de internet sobre noticias, para suponer que en efecto la criminalidad es un problema muy serio.

La gestión de la seguridad no sólo implica el diseño de estrategias orientadas a la reducción de la inseguridad objetiva (delitos efectivamente cometidos), sino también a la inseguridad subjetiva (el miedo que la gente tiene a ser víctima de algún delito). Aquí cabría hacer dos precisiones.

En primer lugar, suponiendo que la inseguridad ciudadana guarda relación con la comisión de delitos, no todos ellos nos hacen sentir inseguros, es decir, no alcanzamos representarnos amenazas respecto de todos ellos. Pensemos, por ejemplo, en delitos como: “Repetibilidad del ser humano” (Art. 133. Código Penal), “Incesto” (Art. 237 Código Penal) o el “Irrespeto a cadáver” (Art. 204), que, o bien constituyen anhelos y no posibilidades de ser cometidos -hasta donde sé no se ha podido clonar al primer ser humano en Colombia-, o, sencillamente suponen el rezago de una visión moralizante del derecho penal. Esto quiere decir, que solo algunos delitos nos permiten representar amenazas próximas, bien porque fuimos víctimas, porque alguien cercano lo fue, o porque escuchamos a diario que se están cometiendo.

En segundo lugar, esos delitos que nos impactan directamente, o que creemos que lo pueden hacer con mucha mayor probabilidad por los motivos que acabo de señalar, son los que suelen ser priorizados en los planes de seguridad que las administraciones diseñan para gestionar o gobernar la seguridad. Se destacan en estos ejercicios de priorización delitos contra la vida y la integridad de las personas, como el hurto, las lesiones personales o el homicidio. Se les denomina delitos de alto impacto, entre otras razones, por la frecuencia con la que se cometen y por la manera como son percibidas las amenazas que ellos representan para las personas. Pero, me pregunto: 1) ¿Son los que más dañan a una sociedad?; 2) ¿Qué es lo que impactan?; 3) ¿Cuáles son las estrategias diseñadas para enfrentarlos?

Respecto a la primera cuestión, aunque los delitos señalados suponen lesiones a intereses relevantes para la sociedad (como la integridad personal o el patrimonio económico), es curioso que la atención recaiga en ellos y no en otros que, en su conjunto, parecieran producir mucho más daño a la sociedad. Me refiero fundamentalmente a amenazas como las siguientes: las masacres que a corte del 20 de septiembre de este año sumaban 72; los asesinatos de defensores del medio ambiente, que hacen que Colombia sea el país más inseguro del mundo para quienes ejercen estas labores; la presencia de grupos armados en prácticamente todo el territorio nacional con dinámicas de disputa o control; y el notable segundo puesto en el ámbito global de países afectados por la criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado, por amenazas como tráfico de estupefacientes, delitos ambientales y trata de personas. Estos delitos generan mucho más impacto que los "delitos de alto impacto".

Sobre la segunda pregunta, pareciera que los “delitos de alto impacto” si bien a nivel global no representan las mayores amenazas, sí constituyen hoy uno  de los principales problemas de seguridad. Sus efectos no recaen en el bienestar global, ni en la riqueza de una sociedad (la corrupción y las afectaciones al medio ambiente generan mucho más daño), pero el miedo que generan incide negativamente en la confianza de las personas en sus instituciones y en la frecuencia y calidad de las interacciones producidas en espacios distintos al doméstico (la calle, bares, restaurantes, transporte público).

Finalmente, sobre las estrategias para hacerle frente a los "delitos de alto impacto", pareciera que dichas intervenciones siguen fundadas en una comprensión del fenómeno criminal, que privilegia el componente reactivo y de control, sobre otros factores que muy probablemente también inciden en su ocurrencia. No encuentro otra explicación a las reformas anunciadas recientemente por el Gobierno Nacional para facilitar la imposición de medidas de restricción efectiva de la libertad.

Aunque muy seguramente la comisión de delitos como el hurto aumentó durante los últimos meses, no podemos perder de vista que fue precisamente el patrimonio económico uno de los intereses más afectados por la pandemia del Covid. Sus efectos, como sabemos, no fueron sólo sanitarios.  Su impacto económico fue brutal, ¿o es que ya olvidamos los trapos rojos, los jóvenes protestando por una inoportuna e inmoral reforma tributaria, las pequeñas y medianas empresas quebradas? ¿Ya olvidamos los empleos que se perdieron? ¿Somos tan indolentes para omitir que las desigualdades se incrementaron?     

No hace falta ser muy perspicaz y agudo para suponer que, a lo mejor en la raíz de los llamados "delitos de alto impacto" subyacen circunstancias como las expuestas. Por ello, en lugar de pensar en cómo encarcelar más jóvenes, quienes tienen a su cargo la gestión de la seguridad o la política criminal, deberían entender, que si bien la desigualdad o la falta de oportunidades no son situaciones que irremediablemente conduzcan a la comisión de delitos, sí hay una relación estrecha entre contextos pauperizados y desiguales con cierta criminalidad.

Dedico esta columna a mi maestro, Julio González Zapata, recientemente reconocido como Profesor Emérito. Mi visión sobre la seguridad y la política criminal está inspirada en sus enseñanzas.

Fuente: UdeA