La Política Pública metropolitana de seguridad y convivencia ciudadana

Primero. Las actuales dinámicas geográficas indican que casi el 60 % de la población de Antioquia vive en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un territorio que sociológicamente hablando se comporta como una gran ciudad que ha colonizado el valle entero. Un paisa promedio atraviesa dos o tres municipios al día para ir a su trabajo, para visitar a su familia, para comprar los productos básicos de su hogar. Por consiguiente, las estrategias de seguridad no pueden estar fragmentadas en un territorio conurbado.

Segundo, Medellín es el núcleo de este sistema metropolitano, en el cual gravitan nueve municipios más, con asimetrías pronunciadas en cuanto al tamaño, ingresos per cápita, infraestructura física, desarrollo urbanístico y grados de planeación. Lo que deriva en una gran desigualdad en cuanto a las condiciones de seguridad objetiva, de percepción de la seguridad y en cuanto a victimización. Por ejemplo, en los últimos años el homicidio tiende a aumentarse y concentrarse más en la zona centro y norte (especialmente en los límites entre Medellín y Bello), mientras que el hurto tiende a aumentarse más en la zona sur (con algunas excepciones). Esto sumado a dinámicas complejas de criminalidad y de fuertes estructuras delictivas que recorren varios municipios. Esta asimetría en cuanto a seguridad y victimización requiere de una política con equidad territorial que permita reducir dichas brechas, y así, evitar que cuando la autoridad pública intervenga en un municipio, las estructuras criminales simplemente se desplacen al municipio vecino con menores capacidades.

Tercero. La política pública no surge del vacío, hace parte de un proceso de casi cuatro décadas de búsqueda de herramientas jurídicas y políticas. Es un proceso que inicia en 1980 con la creación del Amva y que obtiene su mayoría de edad con el Acuerdo Metropolitano 02 de 2016 que declara que la seguridad, la convivencia y la paz son un “Hecho Metropolitano”, lo cual crea el Consejo metropolitano de seguridad y convivencia como principal instrumento de articulación supramunicipal. Este acuerdo responde a un proceso de cambio y evolución normativa de casi cuarenta años, que pasa por un cambio constitucional (CN de 1991), por la Ley 1454 de 2011 Loot (Ley orgánica de ordenamiento territorial) y por la Ley 1625 de 2013 que habla de las áreas metropolitanas.

Cuarto. Los fenómenos de metropolización dan pie para pensar en cambios necesarios en la forma como entendemos la administración pública y el poder mismo, pasando de un esquema clásico vertical a uno más actual que apunte a formas más horizontales y policéntricas que estructuren su ejercicio, se podría decir que se pasa de una mirada de gobernabilidad a una de gobernanza, donde el soporte discursivo fundamental no descansa en la soberanía absoluta, ni en el poder de imperio, sino más bien en la cooperación y en la capacidad de estructurar redes, sinergias y articulaciones. La potestad del Área Metropolitana en cuanto a seguridad está sustentada en sus escenarios de coordinación y en sus instrumentos de articulación. Es importante que esto no se preste para equívocos.

Quinto. La vinculación entre el Área Metropolitana, la academia representada por la Universidad Eafit, y los diez municipios del Valle, me parece una oportunidad muy valiosa para dejar instalado en el territorio prácticas virtuosas de gobernanza y de unificación tecnológica (para que al menos se pongan de acuerdo en qué tipo de cámaras comprar). Como anécdota, este ejercicio revisó todos los Planes integrales de seguridad y convivencia (Piscc) de los 10 municipios y no buscó imponer, sino integrar y acercar las diferentes visiones locales sobre lo que implica la protección y la adecuada convivencia.

Diagnóstico. Considero que, en cuento a seguridad y convivencia en Antioquia, la Ppmscc es el resultado más importante que deja este periodo comprendido entre el 2016 y el 2019, en la medida en que deja para la región una herramienta de gobernanza para el siglo veintiuno, y no simplemente un reporte de capturas y de cámaras instaladas. El líder de la seguridad de un territorio debe ser el creador de una visión, de una estrategia, de unos escenarios y de unas herramientas políticas y jurídicas que lo pervivan. El líder de la seguridad debe ser más que un simple comunicador de la operatividad rutinaria. Pues, son las “Arquitecturas institucionales” y las leyes las que deben ser protagónicas, no los hombres. La gran esperanza para el Valle de Aburrá es que el próximo director del Amva busque las continuidades exitosas y que el nuevo alcalde de Medellín (como municipio núcleo), no engavete esta política pública (como ya ha pasado en la ciudad), porque en este escenario no solo perdería Medellín sino toda la región.

¡Candidatos a las alcaldías no pierdan este impulso!

Nota. Creo que por razones éticas es importante que cuente que yo hice parte del equipo que asesoró este proceso en una fase previa hace más de un año, y que produjo algunos diagnósticos; sin embargo, el resultado de la PPMSCC es un producto totalmente nuevo que pude conocer hace apenas un par de semanas.

Fuente: El Mundo