Es de conocimiento público el refuerzo policial y la concentración de medidas de choque en el centro de la ciudad y sectores como las comunas Castilla (5), Doce de Octubre (6) y Robledo (7), como parte de la estrategia con la que la Administración Municipal y autoridades pretenden impactar áreas identificadas con problemas de inseguridad.
Sumado a esto, la Alcaldía anunció que en el mes de agosto entrará un Batallón de Operaciones Urbanas del Ejército con aproximadamente 160 militares que en compañía de la Policía y bajo órdenes impartidas desde la Alcaldía “combatirán” el crimen organizado. Esta información ha circulado en varios medios de comunicación y fue confirmada por el Alcalde Federico Gutiérrez en el periódico El Colombiano bajo el titular “Batallón de operaciones urbanas reforzará acciones contra el crimen en Medellín”, del día 6 julio del presente año.
Esta militarización supuestamente pretende mitigar el aumento de los homicidios, que en lo corrido de este año ha sido del 10%. El batallón será ubicado en las comunas Castilla (5) y Robledo (7). Medidas de este tipo revelan que aún no se han reconocido los errores del pasado, por ejemplo, las operaciones militares Orión y Mariscal en la comuna 13 y Estrella Seis en la Comuna 3, en la que además de los muertos generaron graves violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de cientos de familias, así mismo se terminó implantando la connivencia de los militares con organizaciones criminales facilitando diversas prácticas delictivas que victimizaron a las comunidades y transformaron la historia de las personas y sus territorios.
Pretender incrementar la militarización de la ciudad, además de ser una medida precipitada, contradice la supuesta mirada integral sobre los problemas de inseguridad en Medellín. Así mismo, contradice el enunciado del Plan de Desarrollo Integral, que en su Dimensión Estratégica señala: “Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”, cuyo objetivo es “Gestionar de manera integral la seguridad y la convivencia, contribuyendo a la generación de condiciones y capacidades para garantizar la libertad de los ciudadanos” (Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019).
La experiencia nos ha enseñado que este tipo de medidas de seguridad centradas en la represión, lo que menos se protege y garantiza son las libertades de las y los ciudadanos, a lo cual se suma la fuerte corrupción existente en miembros de la Fuerza Pública, lo que hace que en definitiva queden las comunidades más vulneradas y los territorios más excluidos y estigmatizados, este tipo de medidas son generadoras de rupturas sociales y comunitarias cada vez más profundas, en lugar de propiciar la cohesión social y la convivencia.
En consecuencia, las organizaciones firmantes de este pronunciamiento rechazamos la militarización de los territorios en Medellín e instamos a la Administración municipal a la Secretaría de Seguridad, al comandante de policía metropolitana, a la Personería de Medellín y a la Defensoría del Pueblo para que den a conocer a la ciudadanía el diagnóstico que llevó a dicha determinación, más allá del aumento en el número de homicidios. Asimismo, los residentes en la ciudad tenemos el derecho a conocer las medidas previstas por la administración para evitar las implicaciones y altos riesgos para las comunidades que conlleva el incremento de la militarización.