El grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, hace el siguiente pronunciamiento público sobre el estado actual del espacio de conversación sociojurídico de paz urbana entre el Gobierno Nacional y las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá.
- Desde el año 2008, nuestro grupo de investigación definió una agenda de trabajo con la seguridad humana como horizonte. En un primer momento, dicho concepto y enfoque nos permitió cuestionar los excesos de un tipo de seguridad que se reducía a asuntos meramente represivos y donde los objetos de protección eran, primordialmente, el Estado y el mercado.
- La seguridad humana, de manera concisa, nos presenta un enfoque para pensar y gestionar la seguridad a partir de una lógica relacional con el bienestar de las personas, la efectividad de sus derechos y la construcción de paz. En otras palabras, pensar y proveer la seguridad desde esa perspectiva, sólo es posible si se amplía el campo de la seguridad y se entiende que su provisión no se reduce, únicamente, al despliegue de fuerza pública, a labores de vigilancia y al control de algunas expresiones de la criminalidad.
- Con la llegada a la Presidencia de la República del primer Gobierno de Izquierda en Colombia, y tras anuncios del señor Presidente sobre la necesidad de pensar la seguridad bajo la perspectiva de la seguridad humana (entre ellos el proyecto impulsado por su gobierno, conocido como Paz Total, ley 2272 de 2022), entendimos que al fin la seguridad humana tendría la oportunidad de probarse ya no sólo como concepto y enfoque para la crítica política, sino como un conjunto de criterios que podrían orientar el diseño y la implementación de políticas públicas.
- El anuncio de la instalación del espacio de conversación sociojurídico de paz urbana, en Medellín y el Valle de Aburrá el 2 de junio de 2023, llenó de esperanza a múltiples sectores de la sociedad civil, incluidos actores de la academia, como nuestro grupo de investigación.
- En múltiples estudios se ha explicado que grupos ilegales como los que fueron convocados al espacio de conversación y no el Estado, son los referentes de autoridad y orden local efectivamente reconocidos por las comunidades. La capacidad efectiva de control territorial del Estado en los barrios de Medellín y otros municipios del departamento, así como la imposibilidad de someter a estas organizaciones bajo las lógicas de la guerra o del derecho, nos hicieron suponer que, tal como se había intentado en otras oportunidades, sería el diálogo la herramienta más conveniente para avanzar en la transformación de los conflictos derivados de la presencia y control de territorios urbanos por parte de actores ilegales, y que sólo se habilitaría el uso de la fuerza en caso de que fracasaran estos diálogos.
- Hay aprendizajes y capacidades derivados de conversaciones por las que ha atravesado la ciudad, en otros momentos que, entendimos, serían reconocidos en este nuevo intento por avanzar en la construcción de paz urbana. Nos referimos, entre otros a: i) la tenacidad de la sociedad civil para resistir la irracionalidad y crudeza de la guerra, ii) la necesidad de que esas conversaciones no fueran un asunto reservado únicamente a las delegaciones de las estructuras armadas y del Estado, y iii) que debían ser de público conocimiento tanto la agenda de conversación como los criterios conforme a los cuales podrían participar las diversas organizaciones de la sociedad civil para apoyar el espacio de conversación.
- Notamos, sin embargo, que, desde diciembre del año pasado, cuando el señor Otty Patiño Hormaza asumió como Alto Comisionado para Paz, y en medio de la transición de los poderes locales, el espacio de conversación entró en una fase de relativa parálisis, asociada al poco apoyo del Gobierno Nacional para consolidar el equipo de su delegación en Medellín, y al desinterés de los gobiernos local y departamental para impulsar este escenario.
Con base en lo anterior y, en vísperas de la Audiencia Pública del Senado de la República sobre Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá del próximo 5 de septiembre, consideramos de suma importancia nutrir este proceso con anuncios bilaterales y gestos de paz que lo revitalicen. En consecuencia, solicitamos:
- A la mesa de conversación, que de manera urgente se haga pública la agenda del espacio de conversación, donde se haga explícito punto por punto qué se está negociando, y los compromisos puntuales para el logro de lo acordado, y también, que se defina y publique el protocolo de participación de las organizaciones de la sociedad civil y la academia en este;
- Al Congreso de la República, en particular a los congresistas de la coalición de gobierno y a la Comisión Legal de Paz y Posconflicto, creada por la Ley 2405 de 2024, que presenten, cuanto antes, un proyecto de ley de sujeción, indispensable para este y otros espacios de discusión sociojurídica en el marco de la implementación de la política de Paz Total;
- Al señor Presidente de la República y a su Alto Comisionado para la Paz, que fortalezcan el equipo de la delegación designada por el Gobierno Nacional, y en concreto que se habiliten mejores condiciones para comunicar a la opinión pública los avances del espacio de conversación, y en general para el trabajo de su delegación;
- A quienes integran las estructuras armadas de crimen de alto impacto convocadas al espacio de conversación en Medellín y el Valle de Aburrá, que presenten a la opinión pública gestos de paz.
- A los señores Alcalde del Distrito de Medellín y Gobernador del Departamento de Antioquia, que consideren que este espacio de diálogo, antes que una amenaza a la seguridad de la ciudad y la región es una oportunidad para avanzar en la construcción de Estado local y para instaurar referentes de autoridad y orden democráticos en nuestros barrios. Les solicitamos, por lo tanto, una mejor disposición para trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional;
La ciudadanía en Medellín, el Valle de Aburrá y el país, en general, merecen que sus gobiernos, nacional y local, faciliten las condiciones institucionales, sociales y económicas para que este esfuerzo sea exitoso y constituya, efectivamente, una alternativa para construir paz estable con los armados ilegales
Medellín, septiembre 2 de 2024.
