Seguridad ciudadana en el gobierno Duque: resultados y falencias para Antioquia y Medellín

16.08.2020 | | POR: Luis Felipe Dávila

A dos años de gestión, los resultados no son los esperados, en parte por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Urge construir sobre lo construido, aprovechando la ocasión para invertir de manera más decidida en programas de tipo social, que complementen las intervenciones de corte más policial y reactivo.

La “Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” de la administración de Iván Duque, en papel, evidencia una recapitulación de muchos enfoques conocidos y aprobados en muchos lugares del mundo. No constituye una política pública disruptiva, aunque en ella misma se usa ese término para designar estrategias de cara al crimen. A decir verdad, tampoco es una política pública en términos estrictamente politológicos. La política retoma las estrategias de ‘hotspots’, lo cual es central para el esfuerzo y la actividad policial en aquellos lugares de mayor comisión de crímenes. Se desmonta el programa de cuadrantes para la Policía y se habla de nuevo de la cultura de la legalidad como eje importante de acción. Si bien, hablar de cultura de la legalidad es importante, la política se queda en la mera enunciación biempensante, pero no indaga por las causas del incumplimiento, y no propone tampoco una estrategia estructural para atacar las causas de dicho incumplimiento.

Para Antioquia, como acciones o estrategias, lo más relevante tiene que ver con la priorización del municipio de Bello. Toda vez que este municipio antioqueño se encuentra asediado por las estructuras ilegales, con un amplio poder sobre el territorio y sobre sus ciudadanos. Además, históricamente la clase política local se ha visto o cooptada o demasiado cercana a las actividades criminales. No en vano, el mayor número de homicidios del área metropolitana está concentrado en la interferencia entre Medellín y Bello. Esta zona norte del Valle de Aburrá contiene un alto número de estructuras criminales, con gran injerencia en el resto de los municipios al norte, como es el caso de Barbosa, Copacabana y Girardota.

En cuanto a críticas, el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín considera que el gobierno Duque adolece de autocrítica y no ha realizado la depuración necesaria de sus Fuerzas Militares y de Policía, lo cual ha repercutido en todo el país, y Antioquia no es ajena a dichas problemáticas derivadas de la falta de purga del estamento militar y policial. Asimismo, se ve con mucha preocupación la seguridad en el Bajo Cauca y en Urabá, así como la desprotección que sufren los líderes sociales y de derechos humanos, que terminan siendo asesinados en los diferentes territorios del departamento, sin que el Estado logre protegerlos a tiempo, ni tampoco esclarecer los hechos.

En conversación con funcionarios y exfuncionarios encargados de la seguridad ciudadana de Medellín, se evidenció que, en su criterio, la llegada de Duque a la Presidencia favoreció algunos procesos que adelantaba la Alcaldía, esto en parte por la cercanía (de metas, enfoques y lineamientos) del mandatario con Federico Gutiérrez, lo cual posibilitó procesos de sinergia positivos, que agilizaron muchos recursos y acciones requeridos por la ciudad. Por ejemplo, se realizaron mejoramientos locativos y transferencias tecnológicas (cámaras, drones y demás) que la ciudad estaba esperando; se hizo la planeación de la cárcel para sindicados que funcionará en Medellín, y que tendrá un gran apoyo del nivel central, entre otros.

Según expertos locales, la sinergia Duque-Gutiérrez fue definitiva en la construcción de la Política Marco, en la cual los funcionarios de Medellín aportaron conocimiento y experiencia al proceso. En dicha Política Marco, que fue lanzada justamente en la capital antioqueña: se apunta al fortalecimiento de las capacidades del Estado en el territorio; a las acciones de largo plazo; se construye el enfoque de “centros de fusión”, en los cuales se integran los diferentes actores y capacidades y donde se establecen pautas para la transferencia de información inter-agencial, entre otros asuntos.

En cuanto a logros importantes en dicho periodo de sinergia, se pueden contar los siguiente: el inventario riguroso que se hizo de los grupos criminales; las múltiples capturas de miembros de bandas y los millonarios procedimientos legales en contra de estructuras delincuenciales. Verbigracia, el operativo de octubre de 2019 en Medellín sobre la banda “La Terraza”, en el cual se incautaron, decomisaron y expropiaron bienes por más de $400 mil millones, siendo el operativo más grande que se haya realizado en Colombia en cuanto a grupos delincuenciales organizados. Una debilidad de la gestión de Duque en cuanto a seguridad y convivencia, y en la cual Federico Gutiérrez también incurrió, tiene que ver con el enfoque punitivista y reactivo de las estrategias de seguridad. Es decir, la “mano dura” como primera opción (y como discurso oficial), acompañada de muy pocos programas sociales.

Según algunos entrevistados, actualmente la relación Duque-Quintero no es tan cercana como la que tenía Duque con Gutiérrez, y las diferencias políticas e ideologías pueden terminar pesando en el futuro de la ciudad. La recomendación tiene que ser la de superar esas diferencias y construir sobre lo construido, aprovechando la ocasión para invertir de manera más decidida en programas de tipo social, que complementen las intervenciones de corte más reactivo. Todo esto con el propósito de realizar una intervención más integral y por consiguiente más duradera.

A dos años de gestión, los resultados no son los esperados, en parte por la crisis generada por la pandemia del coronavirus que desplazó las agendas y puso a los funcionarios en clave de resolver lo urgente descuidando lo importante, y también, dada la densidad de las dinámicas criminales y la compleja relación históricamente tejida entre los agentes criminales, la comunidad, y los representantes del Estado en lo local.

Fuente: El Espectador

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